La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) advirtió que acudirá a los tribunales mediante una acción de amparo colectivo en caso de que los centros privados de salud suspendan la atención a los afiliados debido a sus diferencias con las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

El director general de la entidad, Elías Báez, aseguró que la institución actuará de manera inmediata para proteger el derecho a la salud de los ciudadanos, al recordar que el acceso continuo y oportuno a los servicios sanitarios está garantizado por la Constitución, la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social y la Ley General de Salud 42-01.

Báez sostuvo que los desacuerdos entre las ARS y los prestadores de servicios no pueden resolverse a costa de los afiliados.

“Los conflictos entre las ARS y los prestadores de servicios de salud no pueden traducirse en restricciones para los usuarios. Ninguna diferencia administrativa, financiera o contractual debe poner en riesgo la salud de la población”, expresó a través de un comunicado.

El funcionario reconoció el derecho de las clínicas a presentar y defender sus reclamaciones, pero enfatizó que existen vías legales e institucionales para canalizar esos reclamos sin afectar la atención médica de los pacientes.

Asimismo, recordó que las ARS administran recursos destinados exclusivamente a las prestaciones del Seguro Familiar de Salud, por lo que dichos fondos deben garantizar el acceso efectivo de los afiliados al Plan de Servicios de Salud (PDSS).

La DIDA informó que mantiene un monitoreo constante de la situación y reiteró que ejercerá las acciones legales y constitucionales que sean necesarias para preservar la continuidad de los servicios de salud y proteger los derechos de los afiliados.

La entidad también recordó que sus canales de orientación y asistencia permanecen disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Báez afirmó que la misión de la institución es velar por los derechos de los afiliados y garantizar que reciban las prestaciones que les corresponden por ley, por lo que advirtió que responderán con firmeza ante cualquier medida que limite o interrumpa el acceso a los servicios de salud.