El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Pedro Martínez, llamó al presidente Luis Abinader a tomar medidas firmes para detener las ejecuciones extrajudiciales y los maltratos cometidos por miembros de la Policía Nacional.

El legislador hizo el pronunciamiento tras lamentar la muerte de Miguel Antonio Valenzuela Lucas, quien falleció luego de permanecer siete días detenido en el Destacamento Central de San Cristóbal. Familiares de la víctima denuncian que recibió una golpiza mientras permanecía bajo custodia policial, agresión que, según afirman, le provocó la muerte.

Solicita investigación de oficio

Martínez sostuvo que toda muerte ocurrida en circunstancias violentas debe ser investigada de manera inmediata por el Ministerio Público, sin necesidad de que exista una denuncia formal.

«Cuando una persona muere en circunstancias aparentemente o evidentemente violentas, el Ministerio Público debe iniciar una investigación de oficio. En este caso, al tratarse de un ciudadano que estaba bajo custodia policial, todo el personal que tuvo contacto con él debe ser investigado», expresó.

El diputado enfatizó que ninguna autoridad tiene derecho a golpear, maltratar o quitarle la vida a un detenido, independientemente del delito que se le atribuya.

El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos consideró que el país atraviesa un momento que requiere decisiones contundentes del Poder Ejecutivo para frenar los abusos policiales.

Afirmó que corresponde al presidente Luis Abinader, como jefe de la Administración Pública y comandante en jefe de la Policía Nacional, implementar medidas que eliminen las prácticas de violencia contra los ciudadanos.

Advierte impacto internacional

Martínez señaló que la repetición de estos hechos afecta la imagen de la República Dominicana en materia de derechos humanos ante los organismos internacionales.

Recordó que el país ha suscrito tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos que tienen rango constitucional, por lo que las autoridades están obligadas a garantizar su cumplimiento.

El legislador reiteró su llamado al Ministerio Público para que investigue de oficio la muerte de Miguel Antonio Valenzuela Lucas y establezca las responsabilidades correspondientes, al tiempo que insistió en la necesidad de adoptar medidas que pongan fin a los abusos policiales y garanticen el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía.